Según el diputado nacional Julio César Catalán Magni, (FPV), están avanzadas las tratativas para concretar el cruce marítimo por aguas argentinas a Tierra del Fuego. Respecto a este asunto, es inevitable advertir que existen iniciativas de este tenor desde hace dos décadas al menos, cuando en los años de transición entre el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego y la provincialización ya se planteaba la necesidad ante las autoridades nacionales de avanzar en este sentido. Recientemente, el también diputado nacional Jorge Garramuño, del Movimiento Popular Fueguino (MPF), mantuvo encuentros con la Gobernadora Fabiana Ríos, el Intendente de Río Grande, Gustavo Melella, y otras autoridades, para explicarles personalmente una iniciativa presentada en la Cámara baja del Congreso de la Nación.

Es interesante considerar que existe un amplio acuerdo en relación a la necesidad de concretar el cruce por aguas argentinas por condición sine qua non para la consolidación de la soberanía en esta región austral. Prácticamente se establece como supuesto para dicha consolidación que el cruce sea por un ferry que evite los trámites fronterizos. Sin embargo, existe otra alternativa que no suele ser ponderada pero que, de acuerdo a la experiencia comparativa internacional, puede ser mucho más fructífera y fácil que el que plantean las autoridades de nuestra Provincia.

A partir de la segunda mitad del siglo XX hubieron en el mundo distintos mecanismos de integración regional, que van desde uniones aduaneras hasta áreas de libre circulación de bienes, servicios y factores, entendiendo a estos últimos como factores productivos, esto es, tierra, trabajo y capital. Puntualmente, podemos hacer referencia a mecanismos de integración más o menos exitosos, siendo el paradigmático el de la Unión Europea, cuyo antecedente próximo fue la Comunidad del Carbón y el Acero. La Unión Europea es el área de integración por excelencia por constituir uno de los que mayor grado de avance registró, abarcar varias de las potencias económicas mundiales de mayor gravitación e integrar bajo un mismo grupo de autoridades a países que desde tiempos ancestrales tienen rivalidades que han provocado millones de muertos en conflictos bélicos, algunos de escala temerosa, como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Empero, esto no significó dejar de avanzar en distintas tareas de integración.

Actualmente, podemos observar que a pesar de las vicisitudes que atraviesa la Eurozona, existen pocas probabilidades de que haya un abandono del Euro como moneda común de la Unión Europea. Y en cuanto a la libre circulación de las personas, es ejemplar desde la óptica del libre tránsito de quienes poseen un documento de identidad o pasaporte emitido por autoridad migratoria de algún país miembro de la Unión Europea.

Viendo que en Latinoamérica existe un Mercado Común del Sur (MerCoSur), cuyo Instrumento Legal de origen, el Tratado de Asunción, establece en su Artículo 1º que “Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, que deberá estar conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará "Mercado Común del Sur" (MERCOSUR). Este Mercado Común implica: La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de  los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente”; resulta poco explicable que siendo Chile uno de los miembros asociados no pueda plantearse un mecanismo de integración en cuanto a la libre circulación de personas. Quizá el problema en cuanto a la integración comercial sea la compatibilización arancelaria, ya que Chile ha suscripto diversos tratados de libre comercio con los principales actores económicos globales, entre los cuales se encuentra China, la Unión Europea, etc. Pero, si damos cuenta de que hace ya varios años existe una Unión Sudamericana, en cuyo Tratado Constitutivo también hace referencia a “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos” (Artículo 2º, Objetivo); al “…desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico sustentables” o “la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la armonización de políticas” (Incisos “e” y “k” del Artículo 3º, Objetivos Específicos” de dicho Tratado Constitutivo); encontramos que existe un marco jurídico a nivel regional que perfectamente puede servir de jurisprudencia para la concreción de mecanismos que favorezcan el libre tránsito de quienes quieran viajar entre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.

Si existen mecanismos de integración en Sudamérica que promueven la cooperación y la, valga la redundancia, integración entre los países de la región en materias como la financiera, económica y migratoria, ¿Por qué no se aprovechan dichos mecanismos para facilitar el tránsito de quienes circulan entre Tierra del Fuego y el continente? Si existe un Comité de Integración Austral que puede dar su visión a los organismos de gobierno de estos mecanismos de integración, ¿Por qué no se plantean los informes pertinentes que puedan dar su dictamen? Es en este sentido que debemos preguntarnos si los mecanismos de integración de la tan proclamada Unidad de la Patria Grande Latinoamericana no terminan siendo lo que muchos sospechamos, palabras vacías para dar un sentido a los onerosos viáticos de los funcionarios del Gobierno Nacional para viajar a cumbres interesadas más en nimiedades que en la solución a los problemas concretos de las personas.

21/08/12