El ministro de economía de la Provincia, Christian Ruiz, dijo que la reforma tributaria enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura es resultado de una adecuación de las perspectivas que en materia de ingresos y flujo de recursos viene evaluando el Gobierno en función de las fluctuaciones que está atravesando la Nación. Al respecto, ejemplificó diciendo que otras provincias están procediendo de la misma manera. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ya está financiando gastos corrientes con la emisión de bonos –algo que está prohibido en Tierra del Fuego agregó-, y modificando las bases imponibles de algunos tasas y tributos de carácter provincial.

En un primer momento, debemos observar que es importante que haya un reconocimiento de la vulnerabilidad por la que atraviesa la economía nacional, a pesar del relato oficial y la permanente alusión discursiva al crecimiento récord y a la fortaleza del país en medio de la tormenta económica que está registrándose en el mundo. Como sabemos, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo, y si bien aun no puede especularse con que haya un problema, sí es evidente que hay algunos síntomas que deben ser considerados por las autoridades provinciales y nacionales, por lo que las declaraciones del titular de la cartera de Hacienda son, si es que vale la apreciación, auspiciosas. Ya, de hecho, se observan señales de enfriamiento de la economía que no pueden ser tomadas a la ligera. Uno de los principales socios de la Argentina a nivel comercial, Brasil, está estancándose en algunos indicadores macroeconómicos, evidenciando una desaceleración que es producto, además, del retraso cambiario, con lo que productos que hoy fabrica la Argentina y que pueden motorizar en Tierra del Fuego al régimen de promoción económica, se ven especialmente afectados y deberán ser focalizados con medidas que puedan otorgarles un nuevo impulso.

Por otra parte, hay un aspecto que no solemos tener en cuenta y es el deterioro del federalismo fiscal en la Argentina de los años kirchneristas. Primero en los años 90 con los sucesivos Pactos Fiscales, un breve suspenso en el flujo de recursos durante la crisis de 2001 y 2002 y las leyes de emergencia que retrajeron recursos de las Provincias a la Nación, hoy podemos decir que una de las causas por las que las provincias están atravesando una delicada situación socioeconómica es la creciente masa de recursos que deberían ser coparticipados y terminan quedando en las arcas del Tesoro Nacional. Si bien hubo condonación de deudas que las provincias tenían con el Estado Nacional, es válido agregar que esos recursos coparticipables, en definitiva no coparticipados, perfectamente podrían saldar las acreencias que los Estados Provinciales tienen con la Nación. Es por esto que actualmente las provincias deben terminar o reacomodando sus sistemas tributarios (como lo pretende el Gobierno de la Provincia con la reforma eliminando tasa cero y aumentando Ingresos Brutos), o admitir el desfasaje entre los ingresos y los gastos como resultado de las concesiones de recursos que las provincias dieron a la Nación.

Tiene su lógica política, perversa y centralista, pero lógica política al fin. Y es que si consideramos el mapa político argentino, vemos que hoy la Nación se queda con el 70 % de los ingresos, mientras las provincias se quedan con el 30 % restante. Como contrapartida, en los años de la presidencia de Raúl Alfonsín, la proporción era a la inversa, 70 % para las provincias y 30 % para la Nación, habiendo definido la Ley de Coparticipación Federal de 1987 un porcentaje no muy diferente. Viendo cómo terminó el gobierno de Alfonsín y cómo se maneja el gobierno de Cristina Kirchner, es entendible que el Estado Nacional no pretenda modificar la inequitativa e injusta ecuación que termina perjudicando a los pueblos del interior del país.

05/07/12